EL DESAFIO DE LA JUSTICIA FISCAL

La justicia fiscal es un complemento necesario para crear las condiciones de seguridad jurídica, creación de riqueza y empleo. La justicia fiscal es la necesidad de que contribuya más el que más tiene y haya suficiente para los servicios públicos que son necesarios en calidad y cobertura. El costo de tener gobierno, debe ser según el tamaño de la hamburguesa que cada quien se está comiendo. Sabido es que los recursos públicos tienen fines públicos, por tanto no se vale pretextar de antemano “el Estado se los va a robar” y encima exigir, un exorcismo moral en el sector público contra males que también hay en el sector privado. La corrupción se combate en cualquier campo, no sólo en el ajeno.
La justicia fiscal sigue siendo un gran desafío en Guatemala donde la carga tributaria no llega ni al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), debiendo alcanzar por lo menos el 25%, del mismo. Las razones para lograrlo se basan en cuatro premisas:
a) Una razón de Estado, sus deberes y obligaciones. Lo cual requiere un liderazgo político de altura, estadista.
b) una ética social con respecto a la democracia, la democracia es geometría económica, no (solamente) aritmética política.
c) unas prioridades ordinarias de gobierno.
d) unas emergencias en casos de crisis de orden público o de tipo natural o económico (p. ej. en Colombia se aplica un impuesto del 3% a los capitales de más de un millón de dólares para financiar políticas de seguridad).
La discusión actual sobre la propuesta del Gobierno ha girado en torno a si se trata de un paquetazo, los más severos, para exagerar sus efectos; o si no es más que un parche, los más exigentes. Pero el tema no es sólo aumentar o disminuir impuestos, se trata de diseñar un sistema útil para los propósitos generales de la sociedad y de paso que cierre las goteras y las fugas ilegales.
Lo presentado por el Gobierno aparenta ser sobre todo una medida desesperada, orientada más a cubrir gastos que inversión, más ahora que la brecha fiscal se aumentará con la no aprobación del presupuesto del 2010. Pese a ello, pienso que la modernización fiscal es necesaria y cualquier medida en esa dirección ayuda. Por ejemplo, los datos indican que en Guatemala hay casi 16 millones de teléfonos móviles, surtidos por un mercado oligopólico pero dinámico y competitivo entre sí. Pero se sabe que estas empresas no reportan al fisco lo que sus cuentas de ingresos registran: al fisco lo aritmético y a sus cuentas lo geométrico. Además se saltan la formalidad para fomentar el sector informal de la economía en las esquinas, ni se diga la manía de reservarse para sí millones de minutos que son de los consumidores (por redondeo). La mayoría de medidas que ha anunciado el gobierno son razonables, como la de actualizar el precio de costo e inflación del papel sellado, o garantizar el ISO a cuenta del ISR para grandes contribuyentes. Pienso que trabajar en dirección de la justicia fiscal sirve más al próximo gobierno que a este. Pero en nuestro país imperan más dos tipos de actitudes anti impuestos: a) en la clase política el inmediatismo y las apetencias electorales adelantadas. Y en la clase empresarial, un antiestatismo por principio que se traduce en una falta de responsabilidad con el país.
Ambas se constituyen en un freno para el desarrollo social, que sólo el fortalecimiento de la autoridad moral y legal del Estado Democrático de Derecho, puede hacer superar. La autoridad no excluye el consenso.